LA ¿JUSTICIA? EN ESPAÑA


Recientemente publiqué una reseña sobre la lectura del libro “Tiempo de Paz y de Memoria”. En dicha reseña criticaba el concepto de perdón sin justicia. Curiosamente me sorprendió que otro antimilitarista me respondiera que él no lo veía así, aunque a renglón seguido me expusiera su visión de la justicia que era prácticamente la misma (con sus matices) que yo defendía en mi reseña.

“que conste que cuando reivindico Justicia no me refiero necesariamente a la impartida por las instituciones que en muchos casos no son precisamente justas, ni igualitarias, ni humanistas. Que cuando hablo de cumplir las condenas no me refiero en absoluto a la cárcel, que no es más que una forma de venganza y que no es de ninguna forma reparadora. Reivindico Justicia social y condenas reparadoras”

https://floredo.blogspot.com/2022/04/tiempo-de-paz-y-de-memoria-mariluz.html

LAS CÁRCELES

La cuestión es que muchas personas consideramos que la justicia oficial no es verdadera justicia. 

En mis paseos con Hilario solemos charlar de todo un poco y el viernes pasado tocamos este asunto. Ambos coincidimos en que las cárceles no tienen ningún sentido, que no son reparadoras ni democráticas. El ejemplo que él puso es el de los grandes ladrones que han desfalcado o evadido millones a las arcas del Estado, se pasan unos pocos años en la cárcel y cuando salen siguen siendo ladrones, porque no han devuelto ni un euro, pero tienen el resto de sus vidas para disfrutar del botín. El ejemplo que yo le puse es el de los insumisos que cuando estaban encarcelados eran visitados por la o el psicólogo de la cárcel para supuestamente intentar rehabilitarles. Solían ser los insumisos quienes intentaban rehabilitar a los psicólogos haciéndoles ver que estaban colaborando con una institución injusta y dejándoles claro que una persona antimilitarista necesariamente lo va a seguir siendo al salir de la prisión, porque no somos personas enfermas que necesitemos ningún tipo de rehabilitación.

Pepe Beúnza encadenó varias condenas por negarse a incorporarse al ejército, al salir se le pedía de nuevo que se incorporase al ejército, una nueva negativa, una nueva condena… Por esa lógica el ladrón debería ir encadenando condenas hasta devolver lo robado.

Y, además, Hilario resaltó que sin embargo la institución penitenciaria es uno de los grandes gastos de los presupuestos del Estado. Uno de los gastos que los colectivos y las personas antimilitaristas incluimos como gasto militarista en nuestras campañas de Objeción Fiscal.

JUSTICIA LGTBIQFÓBICA

Se (pre)supone que el Consejo General del Poder Judicial ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial.

Pues recientemente este órgano ha publicado un informe donde muestra su disconformidad con la prohibición de las terapias de conversión que contempla el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Se basa en que algunas personas dan su consentimiento y en otros casos sus tutores legales dan el consentimiento. Saúl Castro, abogado y presidente de la asociación “No Es Terapia” ha declarado que “los vocales del Poder Judicial no están informados sobre los estándares científicos contra las terapias de conversión, ni sobre la realidad de estas prácticas. Se deberían haber informado específicamente porque nuestro ordenamiento jurídico pone límites al consentimiento. En el caso de las terapias de conversión, el consentimiento está viciado desde el inicio, no es lícito en tanto que se realiza habitualmente a través del engaño, diciendo que es posible modificar la orientación o la identidad de una persona, pero la evidencia científica muestra que no es así”

A su vez Castro denuncia que “El Poder Judicial parece reconocer que, por ejemplo, los padres de un menor pueden consentir que su hijo sea sometido a estas prácticas. Los estudios indican que el 50% de las víctimas sometidas a terapias de conversión son menores de edad”.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DELITO DE TRAICIÓN

También recientemente he leído la noticia de que la policía nacional ha arrestado en Tarragona al periodista y bloguero Anatoli Sharí, acusado de “traición” por las autoridades ucranianas. Al parecer esta detención se ha realizado gracias a la estrecha cooperación del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Oficina del Fiscal General y los aliados internacionales, como resultado de una operación especial de varios niveles de los agentes del orden ucranianos, según ha explicado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado. Según los investigadores del SBU, Sharí llevó a cabo actividades ilegales en detrimento de la seguridad nacional de Ucrania en el ámbito de la información porque Sharí difunde “desinformación” al servicio de Rusia y podría ser condenado a más de 15 años de prisión.

Desde luego si se detuvieran en España a todos los supuestos periodistas, blogueros y representantes de organizaciones políticas que difunden “desinformación”, bulos y noticias falsas, no habría suficientes juzgados ni jueces para instruirlos.

Al margen de lo que el gobierno de Ucrania entienda por información o “desinformación”, parece ser que la realidad es que se le persigue por motivos meramente políticos. En junio de 2019, lanzó su propio partido con su nombre que participó en las elecciones parlamentarias de 2019 con un programa a favor de la anexión de Crimea a Rusia. Sacó un número insignificante de votos, pero desde entonces se le acusa de “traición”. Un delito expresamente militarista que también se está aplicando en España a algunos políticos.

Y pretender extraditar a un periodista a un país que se encuentra en medio de un conflicto bélico me parece una absoluta aberración antidemocrática, militarista e injusta.

MEMORIA HISTÓRICA

Insisto, como defendía en mi reseña del libro “Tiempo de Paz y de Memoria”, en que no podemos hablar de que en España exista una verdadera justicia democrática ni justicia social mientras no se permita a la judicatura enjuiciar los crímenes del franquismo. Miles de familiares no han podido dar aún sepultura digna a sus familiares asesinados por el mero hecho de haber sido Maestras y Maestros y haber querido que la Educación llegara a todos los rincones del Estado y que fuera una Educación basada en criterios científicos y no religiosos o patrióticos. O por haber defendido los derechos laborales en los sindicatos obreristas, o por haber defendido los derechos de las mujeres a participar en política, o por ser abiertamente maricones, lesbianas o trans, o simplemente por defender el orden legal establecido durante la II República.

ANIMALISMO

Es verdad que desde las organizaciones y partidos animalistas se reivindica penas de privación de libertad para el maltrato o asesinato de animales. Desde mi apoyo a estas organizaciones y partidos no apruebo este tipo de medidas pero sí reivindico una legislación que prohíba torturar y asesinar animales por diversión, por deporte o por “profesión”. Prohibición que debe alcanzar a los órganos de gobierno. Y que por supuesto debe ir acompañada de medidas sociales como que se eduque a la infancia en valores de respeto a las otras especies animales, en lugar de promover escuelas de tauromaquia y espectáculos de tauromaquia específicos para menores o permitir la participación de menores en cacerías. Hemos vivido casos en los que las fuerzas del “orden” han apoyado y protegido a quienes estaban maltratando animales frente a quienes se manifestaban de manera noviolenta contra el maltrato.

Y MUCHOS MÁS INTERROGANTES SOBRE LA JUSTICIA

¿Es de justicia que a una persona se le descuente parte de su sueldo por participar en una huelga? ¿Existe el derecho a la huelga o se considera un delito penalizable?

¿Es de justicia y es democrático enviar armas a un país que se encuentra inmerso en un conflicto bélico?

¿Es de justicia que unos políticos independentistas hayan sido condenados por convocar un referéndum considerado ilegal pero que un alcalde profranquista de Extremadura haya convocado un referéndum contra la ley de Memoria Histórica y no haya sido ni imputado?

Etcétera. Posiblemente continuará.


 

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